TSJ rechazó demanda que solicitaba circulación de manifestantes por el Metro



A través de la sentencia N° 390/2017, publicada el miércoles 31 de mayo, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) rechazó la demanda interpuesta por Asociaciones Civiles y abogados, mediante la cual solicitaban se permitiera la circulación de manifestantes opositores por el Metro de Caracas, durante las concentraciones.

El TSJ consideró “inadmisible” la demanda, tras considerar que respondía a “intereses colectivos y difusos” contra el ministro para el Transporte Terrestre, Ricardo Molina, y el presidente del Metro de Caracas, Gerardo Quintero.

La decisión del Poder Judicial indicó que responde al “resguardo que merecen los bienes e instalaciones” del Metro de Caracas, el cual es utilizado a diario por más de dos millones de personas, “ante las múltiples agresiones que ha sufrido la red de transporte masivo durante las manifestaciones de un sector de la población… hechos que han sido públicos notorios y comunicacionales”.

Para la magistrada Carmen Zuleta de Merchán, la inadmisibilidad de la demanda está amparada según lo previsto en el artículo 150.4 de la Ley Orgánica del TSJ, considerando que la misma “versa sobre un reclamo del servicio público, cuya pretensión solo puede ser satisfecha ante la jurisdicción contencioso administrativa mediante una acción de prestación de servicios públicos, y no a través de una demanda por intereses colectivos y difusos”.

Se conoció, además, que la sentencia ordena la notificación al procurador general de la república para que “cuantifique los daños ocasionados a los bienes del Estado pertenecientes al Metro de Caracas, así como en otros medios de transporte de la República…a objeto de no dejar impune el resarcimiento pecuniario de los daños”.

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